15 março 2013

Londres sabe desde 1910 que no tiene derecho sobre las Malvinas




En 1910 y en 1936, funcionarios y abogados el Foreign Office emitieron dictámenes que ponían en duda los títulos británicos para retener las Malvinas. “No es fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”, decía un memorando de 1936. Gran Bretaña nunca aceptó un arbitraje porque su posición tenía “ciertas debilidades”, y las islas debían ser conservadas “por razones estratégicas”.

A poco de planteada la crisis de las Malvinas, el gobierno británico removió todos los documentos sobre las Falklands que se hallaban en el Public Record Office: un archivo de papeles oficiales accesibles al público.

El Sunday Times reveló el 20 de junio de 1982 que, entre los documentos trasladados al Foreign Office, figuran varios en que los funcionarios de la propia cancillería británica pusieron en duda el derecho del Reino Unido sobre el archipiélago.

Ésta es una lista de los papeles que prueban las “dudas secretas” de la diplomacia inglesa acerca de ese derecho, invocado por el gobierno de Margaret Thatcher para librar la guerra del Atlántico Sur:

Memorando De Bernhardt (1910). A pedido del jefe del Departamento Americano del Foreign Office, Sidney Spicer, el investigador Gastón De Bernhardt preparó un memorando que condensaba la historia de las islas y los argumentos jurídicos de Gran Bretaña y la Argentina. Ese memorando sirvió como guía interna del Foreign Office hasta 1938. De Bernhardt dejó sentado lo siguiente:
  • “La cuestión de la soberanía fue específicamente excluida del acuerdo celebrado con España en 1771.” Este acuerdo contenía una cláusula secreta por la cual Gran Bretaña se obligaba a abandonar las islas, cosa que hizo en 1774.
  • “Durante 55 años, hasta 1829 (es decir, hasta 13 años después de proclamada la independencia de la Argentina), Gran Bretaña no mostró interés en las islas.”
  • “Gran Bretaña comenzó a reclamar la isla oriental sólo en 1829” (nunca la había reclamado durante el dominio español; ésta es la isla donde está Puerto Argentino).
Carta de Spicer (1910). En carta al propio De Bernhardt, Spicer confesó: “Es difícil evitar la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no es enteramente injustificada, y que nuestra acción ha sido algo despótica”.

Memorando Fitzmaurice (1936). En febrero de 1936, el asesor legal George Fitzmaurice desaconsejó que Gran Bretaña sometiera la cuestión de las Malvinas a un arbitraje internacional: “Nuestra posición tiene ciertas debilidades. Pero nosotros hemos ocupado las islas durante más de un siglo (aunque sea ilegalmente, como dice la Argentina) y por razones estratégicas no podemos renunciar a ellas. De manera que lo más indicado es adoptar una línea dura”.

Memorando Troutbeck (1936). Ese mismo año, el jefe del departamento americano del Foreign Office, John Troutbeck, dejó sentada por escrito su opinión: “La dificultad [para sostener] nuestra posición es que la captura de las islas Falkland en 1833 fue un procedimiento arbitrario, si se lo juzga con los criterios de hoy en día. No es, por lo tanto, fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”.

Propuesta de devolver las islas a la Argentina (1940). Este documento figura en el índice del Public Record Office pero permanecerá secreto hasta el año 2015. El título, sin embargo, es suficientemente explícito: “Oferta hecha por el gobierno de Su Majestad para reunificar las islas Falkland con la Argentina y aceptarlas en arriendo”.

Memorando del Departamento de Investigaciones (1946). Este documento describe la ocupación británica de las islas, en 1833, como “un acto de injustificable agresión”.

Al margen de estos antecedentes, están los actos públicos, reveladores de que Gran Bretaña había abandonado toda pretensión de soberanía sobre las  Malvinas.

Constituida la Organización de las Naciones Unidas, registró el archipiélago como “territorio sin gobierno propio, bajo administración británica”: un modo elíptico de aludir a una colonia.
El Comité Especial de Descolonización (ONU) declaró que las Malvinas estaban sujetas al proceso descolonizador, urgido en 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En 1965, Gran Bretaña y la Argentina comenzaron a negociar el futuro de las islas en el marco de la ONU: Londres reconoció, de hecho, el status colonial de las Malvinas, su único argumento para demorar la reintegración del archipiélago a la Argentina era la voluntad de los isleños. La Corona ya no invocaba títulos sobre las islas.

El derecho a la autodeterminación, planteado por Gran Bretaña a favor de los isleños, sólo surge en el caso de una población que reclama su independencia: algo que nunca hicieron ni podrían hacer los 1800 habitantes de la colonia británica.

Ése era el último argumento del gobierno británico, que desde 1910 venia retrocediendo en sus posiciones –inauguradas en 1833 por Lord Palmerston con una firme defensa del derecho de soberanía de la Corona- hasta llegar al punto en que se hallaba el conflicto cuando, el 2 de abril, la Argentina ocupó las islas.

Fue entonces cuando Margaret Thatcher revivió la idea según la cual “the Falklands are British”: algo que, como lo revelan los documentos internos, nunca fue creído ni por el Foreign Office.


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