Rebeca Ramos Rella *
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en ocasión de la 17 Conferencia sobre Cambio Climático, celebrada en Durban Sudáfrica, presentó un breve pero contundente diagnóstico sobre el perjuicio de este efecto global sobre la situación de las mujeres. En el Informe “Mujeres en la primera línea del Cambio Climático. Riesgos y esperanzas desde la perspectiva de género” se concluye que cuando sufrimos desastres naturales, -sequías, hambrunas, inundaciones extremas- son las mujeres las peor afectadas; además de niños y niñas.
Las mujeres que sufren estragos del cambio climático, además de tragedias, destrucción, muerte y dolor, se ven obligadas a buscar refugios y desplazarse, a sobrevivir en contextos de alta inseguridad social y personal, quedando a merced de grupos criminales que aprovechan su desgracia, la confusión que impera en momentos de devastación y la ausencia de estructuras sociales, leyes y autoridades que protejan sus derechos humanos. En base a promesas y mentiras, el crimen organizado ofrece soluciones inmediatas frente a desesperación y pérdidas materiales de mujeres y sus familias, por lo que ellas son susceptibles de ingresar a los hondos, oscuros y deleznables laberintos de la trata y explotación sexual.
Acentúa que las mujeres del sur del globo, “son especialmente vulnerables en situaciones de desastre por culpa de sesgadas relaciones de poder y de la desigualdad inherente a normas culturales y sociales”. Las mujeres y niñas solas, asiladas o huérfanas en medio del caos, excluidas del aprendizaje de estrategias y habilidades de supervivencia; segregadas por su condición de género, son presa común de la trata y explotación. Según la INTERPOL, el flagelo ilícito se dispara entre 20% y 30% cuando hay emergencias naturales.
El Informe del PNUMA revela la gran paradoja de este fenómeno repudiable, como un círculo vicioso del que las mujeres nada más no logran salir. Por un lado “las mujeres son fundamentales para crear opciones de adaptación sostenibles, gracias a sus
conocimientos, responsabilidades diversas y simultáneas y a los papeles que desempeñan en las áreas productivas(…)como agricultura, pastoreo, biodiversidad y explotación de los bosques; cuidado del hogar, obtención de ingresos, búsqueda de sustento. Según cálculos, alrededor del 43% de la mano de obra agrícola mundial corresponde a mujeres” –en Asia y África llega al 50%-.
Sin duda son ellas el sector estratégico de la población en el que descansan sostenibilidad medioambiental y seguridad alimentaria, dos pilares vitales que están bajo grave riesgo, por el cambio climático. Pero poco se hace para reconocerles este rol sustancial. En países afectados por el fenómeno medioambiental es “normal” que las mujeres no cuenten con pleno acceso a educación; hay discriminación en reparto de alimentos; inseguridad alimentaria; limitación en acceso a recursos; exclusión de instituciones y procesos políticos y en toma de decisiones. La marginación social, el machismo, la misoginia, la desigualdad de género, les regatean no sólo reconocimiento justo de su participación fundamental en el manejo y cuidado de recursos naturales, sino también, la indiferencia frente al abandono que las deja indefensas a su suerte, sin opción de solventar sus requerimientos básicos y los de sus familias afectadas por desastres. Si a este escenario deleznable, agregamos la discriminación e invisibilidad en tareas de gobierno, en ámbitos comunitarios, el recrudecimiento de violencia, acoso y todo tipo de maltrato contra ellas, que se ha probado, se genera mayormente en el seno de sus hogares y que llega hasta el feminicidio, el escenario es aún más desolador en medio de la devastación medioambiental.
Afirma el Informe que esta madeja de nudos ciertamente obstaculiza la adaptación de las mujeres a situaciones extremas y a cambios drásticos del entorno, por lo que los gobiernos están obligados a integrar y aplicar la perspectiva de género, en respuesta responsable y eficaz y les plantea siete recomendaciones:
1.- “Diseñar programas de adaptación en materia de seguridad alimentaria, agricultura, pastoreo y gestión de los recursos naturales de forma sensible y teniendo en cuenta los múltiples papeles que mujeres y hombres desempeñan en los distintos ámbitos de la gestión de los recursos naturales, así como en sus hogares, comunidades, formas de sustento e instituciones y relaciones consuetudinarias y legales (a nivel local, nacional, regional e internacional). Los programas deberían centrarse en las mujeres y en la igualdad de sexos”.
2.- “Mejorar los medios de vida de las mujeres y potenciar la adaptación garantizando que estas tengan el acceso, el control y la propiedad de los recursos (tierra, ganado, bienes y oportunidades de obtener ingresos), así como acceso a recursos para el desarrollo, como créditos, información, formación, difusión y tecnología”.
3.- “Invertir en tecnologías verdes que tengan en cuenta las cuestiones de género, se adapten a cada cultura y permitan ahorrar trabajo, tales como sistemas de recogida y almacenamiento de agua, sistemas de riego y combustibles sustitutivos de la madera”.
4.- “Efectuar un análisis sistemático del cambio climático desde la perspectiva del medio ambiente, del desarrollo y de la igualdad entre los sexos”.
5.- “Propiciar un entorno que posibilite una mayor participación y aportación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y adopción de políticas en las instituciones locales, comunitarias, nacionales, regionales e internacionales, así como en los procesos, las negociaciones y las políticas relacionadas con el cambio climático”.
6.- “Garantizar que los programas de educación, formación, concienciación e información aborden la vulnerabilidad y la violencia de género, los abusos sexuales y la trata de personas en el contexto de las regiones montañosas y, especialmente, en las áreas con un riesgo elevado de inundación, sequía y otros desastres naturales”.
7.- “Colaborar entre los cuerpos nacionales de policía, las autoridades aduaneras, las ONG que combaten la trata de personas, las instituciones de investigación y la INTERPOL para
detectar, interceptar y combatir el tráfico nacional y transfronterizo de mujeres, niños y niñas”.
No obstante, en la COP 17 de Durban, los acuerdos alcanzados a marchas forzadas de 190 países y sobre el hastío del juego de vencidas entre Estados Unidos y China, principales potencias contaminantes con el 40% de emisiones globales, que nada más no transigen, no hay acciones definitivas para abatir efectos del Cambio Climático y por consecuencia, para solucionar la problemática que perjudica y pone en peligro, tanto a mujeres como a niñas y niños.
Pero algo es algo. Aprobaron ampliar a un segundo periodo de compromiso, el Protocolo de Kioto –que expira en diciembre de 2012- y que demanda reducción de gases de efecto invernadero. Les dieron prórroga a 2017 o 2020. Así que tienen años para seguir debatiendo sin asumir responsabilidades. Sin embargo, se logró el diseño del Fondo del Clima Verde, -unos 100 mil millones de dólares anuales que a partir de 2020, los países ricos aportarán para ayudar a los países en desarrollo, para financiar acciones que mengüen sus emisiones de CO2-aunque no se especificó de dónde saldrá ese dinero.
Los delegados festejaron que los “sucios renegados”, ricos y emergentes, firmaran una hoja de ruta para llegar al gran acuerdo global, que mejore al Protocolo de Kyoto y que debe estar listo para el 2015 y entre en vigor en 2020; así que no habrán compromisos jurídicamente vinculantes hasta entonces y por lo pronto el planeta se seguirá calentando con riesgo de subir más allá de los 2°C, que significa la irremediable catástrofe.
El Informe del PNUMA concluye que si los gobiernos efectivamente transformaran políticas públicas con enfoque de género, en acciones definitivas para afrontar y menguar los efectos destructivos del cambio climático, una de las herramientas indispensables para atacarlo, es precisamente reconocer a las mujeres en su magnífica capacidad y conocimiento de adaptación en contingencias e integrarlas al trabajo de desarrollo internacional al respecto, como genuinas protagonistas estratégicas y de pleno derecho.
Insiste. Son las mujeres, las lideresas en el desarrollo de la gestión del medio ambiente en sus países. Y sentencia: “son la mayor esperanza de cara al futuro”. De manera que los gobiernos nacionales y en los otros órdenes, deben tomar nota y acción, independientemente de los obstáculos en la arena internacional. Hay que actuar.
Por lo pronto, en México, en días pasados, el Senado ya aprobó la primera Ley del Cambio Climático, que establece una política nacional contra emisiones de gases contaminantes; estipula que dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal llevarán a cabo políticas y acciones de Mitigación tendientes a fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables; más inversiones en construcción de ciclo vías o infraestructura de transporte no motorizado; aplicación de políticas públicas de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; plantea reducir causas del efecto invernadero y disminuir la vulnerabilidad de población y ecosistemas; se elaborará y actualizará el Atlas Nacional de Riesgo.
Nuestra Ley crea al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para “coordinar y desarrollar la investigación científica y tecnológica con la política de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección al medio ambiente y cambio climático”. Bien. Ojalá vaya en serio, se cumpla y se aplique. Sin embargo, falta el enfoque de género.
Mientras persistan desigualdad, discriminación e invisibilidad de las mujeres; escaso o nulo reconocimiento al ejercicio de sus derechos; meros discursos mediáticos hacia la igualdad, no violencia, no trata, tan incongruentes en las acciones de gobiernos; leyes que no se cumplen; remilgos en presupuestos para políticas públicas y programas con perspectiva de género, también los efectos nocivos e irreversibles del cambio climático continuarán destruyendo nuestros hogares y estructuras institucionales.
En tanto los gobiernos no promuevan ni se cercioren de apego a la legalidad y efectividad en los hechos y realidades, de los programas y acciones que incidan en conductas colectivas de respeto, reconocimiento e inclusión hacia las mujeres, desde la discriminación y desigualdad que padecemos, ya nos alertan, seguiremos destruyendo nuestro planeta y sepultando nuestra sobrevivencia.
Las mujeres que sufren estragos del cambio climático, además de tragedias, destrucción, muerte y dolor, se ven obligadas a buscar refugios y desplazarse, a sobrevivir en contextos de alta inseguridad social y personal, quedando a merced de grupos criminales que aprovechan su desgracia, la confusión que impera en momentos de devastación y la ausencia de estructuras sociales, leyes y autoridades que protejan sus derechos humanos. En base a promesas y mentiras, el crimen organizado ofrece soluciones inmediatas frente a desesperación y pérdidas materiales de mujeres y sus familias, por lo que ellas son susceptibles de ingresar a los hondos, oscuros y deleznables laberintos de la trata y explotación sexual.
Acentúa que las mujeres del sur del globo, “son especialmente vulnerables en situaciones de desastre por culpa de sesgadas relaciones de poder y de la desigualdad inherente a normas culturales y sociales”. Las mujeres y niñas solas, asiladas o huérfanas en medio del caos, excluidas del aprendizaje de estrategias y habilidades de supervivencia; segregadas por su condición de género, son presa común de la trata y explotación. Según la INTERPOL, el flagelo ilícito se dispara entre 20% y 30% cuando hay emergencias naturales.
El Informe del PNUMA revela la gran paradoja de este fenómeno repudiable, como un círculo vicioso del que las mujeres nada más no logran salir. Por un lado “las mujeres son fundamentales para crear opciones de adaptación sostenibles, gracias a sus
conocimientos, responsabilidades diversas y simultáneas y a los papeles que desempeñan en las áreas productivas(…)como agricultura, pastoreo, biodiversidad y explotación de los bosques; cuidado del hogar, obtención de ingresos, búsqueda de sustento. Según cálculos, alrededor del 43% de la mano de obra agrícola mundial corresponde a mujeres” –en Asia y África llega al 50%-.
Sin duda son ellas el sector estratégico de la población en el que descansan sostenibilidad medioambiental y seguridad alimentaria, dos pilares vitales que están bajo grave riesgo, por el cambio climático. Pero poco se hace para reconocerles este rol sustancial. En países afectados por el fenómeno medioambiental es “normal” que las mujeres no cuenten con pleno acceso a educación; hay discriminación en reparto de alimentos; inseguridad alimentaria; limitación en acceso a recursos; exclusión de instituciones y procesos políticos y en toma de decisiones. La marginación social, el machismo, la misoginia, la desigualdad de género, les regatean no sólo reconocimiento justo de su participación fundamental en el manejo y cuidado de recursos naturales, sino también, la indiferencia frente al abandono que las deja indefensas a su suerte, sin opción de solventar sus requerimientos básicos y los de sus familias afectadas por desastres. Si a este escenario deleznable, agregamos la discriminación e invisibilidad en tareas de gobierno, en ámbitos comunitarios, el recrudecimiento de violencia, acoso y todo tipo de maltrato contra ellas, que se ha probado, se genera mayormente en el seno de sus hogares y que llega hasta el feminicidio, el escenario es aún más desolador en medio de la devastación medioambiental.
Afirma el Informe que esta madeja de nudos ciertamente obstaculiza la adaptación de las mujeres a situaciones extremas y a cambios drásticos del entorno, por lo que los gobiernos están obligados a integrar y aplicar la perspectiva de género, en respuesta responsable y eficaz y les plantea siete recomendaciones:
1.- “Diseñar programas de adaptación en materia de seguridad alimentaria, agricultura, pastoreo y gestión de los recursos naturales de forma sensible y teniendo en cuenta los múltiples papeles que mujeres y hombres desempeñan en los distintos ámbitos de la gestión de los recursos naturales, así como en sus hogares, comunidades, formas de sustento e instituciones y relaciones consuetudinarias y legales (a nivel local, nacional, regional e internacional). Los programas deberían centrarse en las mujeres y en la igualdad de sexos”.
2.- “Mejorar los medios de vida de las mujeres y potenciar la adaptación garantizando que estas tengan el acceso, el control y la propiedad de los recursos (tierra, ganado, bienes y oportunidades de obtener ingresos), así como acceso a recursos para el desarrollo, como créditos, información, formación, difusión y tecnología”.
3.- “Invertir en tecnologías verdes que tengan en cuenta las cuestiones de género, se adapten a cada cultura y permitan ahorrar trabajo, tales como sistemas de recogida y almacenamiento de agua, sistemas de riego y combustibles sustitutivos de la madera”.
4.- “Efectuar un análisis sistemático del cambio climático desde la perspectiva del medio ambiente, del desarrollo y de la igualdad entre los sexos”.
5.- “Propiciar un entorno que posibilite una mayor participación y aportación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y adopción de políticas en las instituciones locales, comunitarias, nacionales, regionales e internacionales, así como en los procesos, las negociaciones y las políticas relacionadas con el cambio climático”.
6.- “Garantizar que los programas de educación, formación, concienciación e información aborden la vulnerabilidad y la violencia de género, los abusos sexuales y la trata de personas en el contexto de las regiones montañosas y, especialmente, en las áreas con un riesgo elevado de inundación, sequía y otros desastres naturales”.
7.- “Colaborar entre los cuerpos nacionales de policía, las autoridades aduaneras, las ONG que combaten la trata de personas, las instituciones de investigación y la INTERPOL para
detectar, interceptar y combatir el tráfico nacional y transfronterizo de mujeres, niños y niñas”.
No obstante, en la COP 17 de Durban, los acuerdos alcanzados a marchas forzadas de 190 países y sobre el hastío del juego de vencidas entre Estados Unidos y China, principales potencias contaminantes con el 40% de emisiones globales, que nada más no transigen, no hay acciones definitivas para abatir efectos del Cambio Climático y por consecuencia, para solucionar la problemática que perjudica y pone en peligro, tanto a mujeres como a niñas y niños.
Pero algo es algo. Aprobaron ampliar a un segundo periodo de compromiso, el Protocolo de Kioto –que expira en diciembre de 2012- y que demanda reducción de gases de efecto invernadero. Les dieron prórroga a 2017 o 2020. Así que tienen años para seguir debatiendo sin asumir responsabilidades. Sin embargo, se logró el diseño del Fondo del Clima Verde, -unos 100 mil millones de dólares anuales que a partir de 2020, los países ricos aportarán para ayudar a los países en desarrollo, para financiar acciones que mengüen sus emisiones de CO2-aunque no se especificó de dónde saldrá ese dinero.
Los delegados festejaron que los “sucios renegados”, ricos y emergentes, firmaran una hoja de ruta para llegar al gran acuerdo global, que mejore al Protocolo de Kyoto y que debe estar listo para el 2015 y entre en vigor en 2020; así que no habrán compromisos jurídicamente vinculantes hasta entonces y por lo pronto el planeta se seguirá calentando con riesgo de subir más allá de los 2°C, que significa la irremediable catástrofe.
El Informe del PNUMA concluye que si los gobiernos efectivamente transformaran políticas públicas con enfoque de género, en acciones definitivas para afrontar y menguar los efectos destructivos del cambio climático, una de las herramientas indispensables para atacarlo, es precisamente reconocer a las mujeres en su magnífica capacidad y conocimiento de adaptación en contingencias e integrarlas al trabajo de desarrollo internacional al respecto, como genuinas protagonistas estratégicas y de pleno derecho.
Insiste. Son las mujeres, las lideresas en el desarrollo de la gestión del medio ambiente en sus países. Y sentencia: “son la mayor esperanza de cara al futuro”. De manera que los gobiernos nacionales y en los otros órdenes, deben tomar nota y acción, independientemente de los obstáculos en la arena internacional. Hay que actuar.
Por lo pronto, en México, en días pasados, el Senado ya aprobó la primera Ley del Cambio Climático, que establece una política nacional contra emisiones de gases contaminantes; estipula que dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal llevarán a cabo políticas y acciones de Mitigación tendientes a fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables; más inversiones en construcción de ciclo vías o infraestructura de transporte no motorizado; aplicación de políticas públicas de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; plantea reducir causas del efecto invernadero y disminuir la vulnerabilidad de población y ecosistemas; se elaborará y actualizará el Atlas Nacional de Riesgo.
Nuestra Ley crea al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para “coordinar y desarrollar la investigación científica y tecnológica con la política de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección al medio ambiente y cambio climático”. Bien. Ojalá vaya en serio, se cumpla y se aplique. Sin embargo, falta el enfoque de género.
Mientras persistan desigualdad, discriminación e invisibilidad de las mujeres; escaso o nulo reconocimiento al ejercicio de sus derechos; meros discursos mediáticos hacia la igualdad, no violencia, no trata, tan incongruentes en las acciones de gobiernos; leyes que no se cumplen; remilgos en presupuestos para políticas públicas y programas con perspectiva de género, también los efectos nocivos e irreversibles del cambio climático continuarán destruyendo nuestros hogares y estructuras institucionales.
En tanto los gobiernos no promuevan ni se cercioren de apego a la legalidad y efectividad en los hechos y realidades, de los programas y acciones que incidan en conductas colectivas de respeto, reconocimiento e inclusión hacia las mujeres, desde la discriminación y desigualdad que padecemos, ya nos alertan, seguiremos destruyendo nuestro planeta y sepultando nuestra sobrevivencia.
* Rebeca Ramos Rella é assessora política
da Secretaria de Turismo de Vera Cruz,
analista e cronista politica mexicana.
Fonte: Al calor politico - México,dez. 2011
Fotos: divulgação
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